Han pasado diez años desde que se pidiera en el congreso una ley climática. El objetivo: conseguir erradicar por completo los gases de efecto invernadero. La ley llega tarde en comparación con otros países europeos y no es tan ambiciosa como algunos grupos ecologistas desearían, pero a pesar de las críticas y de las diversas enmiendas a las que ha tenido que enfrentarse, ha sido finalmente aprobada.
En 2030 España deberá haber reducido sus emisiones globales en un 23% respecto a 1990. No es mucho si tenemos en cuenta que la Unión Europea ya ha conseguido una reducción desde ese mismo año del 25%, aunque está previsto que se revise esta cifra al alza en 2023.
El Gobierno promoverá, mediante la aprobación de planes específicos, la introducción de gases renovables, incluyendo el biogás, el biometano, el hidrógeno y otros combustibles alternativos; y por otro lado, una disposición para reducir las emisiones específicas en el sector del transporte aéreo, marítimo y transporte pesado por carretera a través de la integración de energías renovables y del establecimiento de objetivos de suministro de biocarburantes y otros combustibles renovables de origen no biológico. A efectos de evitar el uso de biocombustibles que tengan impacto negativo sobre el medio ambiente, se exige el cumplimiento de los criterios de sostenibilidad y de protección de la calidad del aire recogidos en la normativa comunitaria.
Además, en el año 2030 deberá alcanzarse una penetración de energías de origen renovable en el consumo de energía final de, al menos, un 42 %, un sistema eléctrico con, al menos, un 74 % de generación a partir de energías de origen renovable y mejorar la eficiencia energética disminuyendo el consumo de energía primaria en, al menos, un 39,5 % con respecto a la línea de base conforme a normativa comunitaria. El objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a 2030 que se plantea para el conjunto de la economía española es coherente con el aumento de ambición que ha fijado el Consejo Europeo de 10 y 11 de diciembre de 2020, que acordó un objetivo a 2030 de reducción de emisiones de la Unión Europea de, al menos, un 55 % respecto a los niveles de 1990, como senda de reducción de emisiones para alcanzar la neutralidad climática en la Unión en 2050, en línea con los objetivos de París. En este contexto, España, consciente de la necesidad de un aumento de la ambición europea, reforzó con anterioridad a este acuerdo sus compromisos en emisiones de gases de efecto invernadero, energías renovables y eficiencia energética en el PNIEC 2021-2030 con el que se materializa la consecución de los objetivos de esta ley.
Fuente: BOE
