Algunos operadores al por mayor de productos petrolíferos no cumplen de manera total o parcial con los porcentajes de biocarburantes que deben introducir en sus carburantes fósiles, ahorrándose la diferencia de precio más los costes asociados a la mezcla.
El Gobierno estableció en marzo de 2021 un mínimo del 10% de biocarburantes sobre el total de ventas de combustible en el transporte por carretera para 2022, medio punto más que para el año anterior y 18 puntos por debajo del objetivo para 2030. Esto forma parte del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.
Sin embargo, el presidente de la Asociación de Operadores Independientes del Sector Energético (UPI) José María Gordo, afirma que de los datos del Ministerio para la Transición Ecológica del cierre del ejercicio de 2020 «se desprende que un 7% de los operadores al por mayor de productos petrolíferos (12% de los operadores con actividad), no incorpora total o parcialmente al carburante fósil el porcentaje obligatorio de biocarburante, ahorrándose el defraudador la diferencia de precio entre uno y otro, más los costes asociados a la mezcla. Esto supone que, aproximadamente, un 4% del producto que va a mercado no lleva el bio obligatorio (por el hecho de que unos operadores vendan más que otros)». La Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) culpa a la brecha de precio entre biocarburantes combustibles tradicionales de este fraude.
El sector afea al Gobierno que no se definan los objetivos para los próximos años y piden que se haga lo antes posible, al menos hasta 2025. Manuel Bustos, director de APPA Biocarburantes explica que esto serviría para «poder hacer una planificación lo más ajustada posible en temas de aprovisionamiento de materia prima, fabricación, logística, etc.». en respuesta, el Gobierno ha anunciado que fijará mediante la aprobación de un Real Decreto las obligaciones de biocarburantes para años sucesivos a 2022.
